Hace aproximadamente un año fuimos testigos de algo que sólo creíamos posible en la ciencia ficción, el asolamiento del planeta por una pandemia ya más que conocida como COVID19.
La terrible situación a la que este año nos hemos visto sometidos ha obligado a los gobiernos de todos los países al establecimiento de duras medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.
Entre ellas un confinamiento casi planetario al que se sometió a toda la población y que en nuestro país duró aproximadamente desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 21 de Junio de 2020.
Este confinamiento obligó a todos los tramos educativos a pasar de una enseñanza presencial un viernes a una docencia absolutamente virtual el lunes siguiente. Con toda la dificultad que esto conlleva a todos los niveles: organizativos, de recursos, formativos, …
A partir del desconfinamiento, tanto gobierno central como gobiernos autonómicos han ido jugando con las medidas sanitarias y jugando, en lo que a educación se refiere, con la docencia presencial, totalmente online o semi presencial.
No obstante ha habido un discurso por parte de las administraciones de la necesidad de una educación presencial (o al menos parte de esta), tan acuciante como para arriesgar la salud de docentes, alumnado y familias.
¿Por qué esa necesidad presencial? ¿A qué obedece? ¿Es real?
En primer lugar hay que dejar claras varias cuestiones. La primera de ellas es que la preferencia de una educación presencial no sólo es compartida por nuestros gestores, sino por docentes y por familias. La diferencia radica en hasta dónde están dispuestos a arriesgar la salud estos colectivos tan diferentes en pro de esta docencia presencial.
La segunda cuestión tiene que ver con un asunto que no es baladí, la justicia social. La realidad es que por mucho que hayan mejorado las tecnologías para la docencia online, sigue existiendo un problema de desigualdad claro: el acceso a esta tecnología. Aquellas familias sin recursos de internet, ordenadores, … tienen muchas dificultades para acceder a esta docencia en igualdad de condiciones con familias que cuentan con más recursos.
Este es un asunto central, porque choca frontalmente con una de las funciones fundamentales de la educación: la justicia social o función compensatoria y que viene claramente recogida en las finalidades de cada una de las leyes educativas, desde la LOGSE, de forma muy parecida.
En la última ley educativa, la LOMLOE, por ejemplo, viene recogida en el articulo único dentro de las finalidades, es decir el porqué o el para qué nuestro estado de bienestar se gasta un dineral en una educación publica. Cuestión esta, por lo tanto, fundamental.
La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España.»
Sin embargo lo que yo voy a sostener aquí es que siendo la docencia presencial imprescindible para la justicia social, no ha sido esta la preocupación por la que se ha vuelto un asunto recurrente en los discursos de nuestros gestores y administrativos.
En mi opinión y visto los hechos, la preocupación fundamental por la que la presencialidad se ha vuelto irrenunciable para la administración tiene que ver con la concepción de la educación como un “aparcamiento” para que padres y madres puedan dejar a sus hijos e hijas y acudir al trabajo.
Es mucho más fácil obligar a que abrán las escuelas e institutos para “recoger” al alumnado que obligar a las empresas a que establezcan medidas reales y efectivas de conciliación familiar a consecuencia de la pandemia COVID19.
Sólo así se entiende que pese al tremendo desafío que suponía organizar la docencia en las escuelas en esta situación de pandemia, haya habido una escasa inversión en educación por parte de la administración central y comunidades autónomas pese a que las investigaciones realizadas durante el confinamiento ya anunciaban la necesidad de una importante inversión para poder abordar esta educación presencial con garantías en tiempo del COVID19 (Trujillo Sáez, Fernández Navas, Montes Rodríguez, Segura Robles, Alaminos Romerio y Postigo Fuentes, 2020).
Sólo así se explica que pese a llevar profesorado y familias mucho tiempo reclamando la necesidad de conocer estas medidas de antemano, nuestro gobierno se reuniera el 27 de agosto de 2020 para planificar el nuevo curso escolar.
Por lo tanto, una preocupación, la de la presencialidad de la enseñanza, que nada ha tenido que ver con la loable preocupación por la justicia social sino con una cuestión puramente relacionada con el mercado… como siempre.
Otra prueba de esto es cómo esta necesidad de presencialidad se ha llevado y se lleva a extremos impensables. Ahora con la ola de frío, se llenan las redes sociales de imágenes de aulas en las que por medidas sanitarias deben estar las ventanas abiertas y vemos a niños y niñas y docentes en clase helados de frío.
Está pasando ahora mismo en un aula andaluza… no es un meme… no es de Polonia… es la situación que tenemos ahora mismo en nuestras clases… #covid #aireando #tormentazo #invierno Nuestras clades NO están preparadas señor @javierimbroda @AndaluciaJunta @EducaAnd pic.twitter.com/MI2wZTBCdG
— María del Mar (@MariquillaMlg) January 8, 2021
Esto no es razonable y demuestra que el empeño en la docencia presencial sólo tiene un origen, mantener bajo cualquier circunstancia la máquina de dinero en marcha y eso requiere que las familias puedan ir a trabajar sin preocuparse de dónde dejan a sus hijos e hijas, función, que siendo también parte de la escuela, ni es la más importante ni es la única. La conciliación familiar no puede dejarse en exclusividad en manos de la educación, es una cuestión que debe atender la sociedad en conjunto.
En lo que a las universidades respecta, esta centralidad del discurso de la presencialidad ha sido más flagrante aún.
Los rectorados han defendido desde el principio la necesidad de que la universidad pública sea presencial. Cuestión esta en la que estoy de acuerdo. No obstante, no me parece que haya sido una preocupación fruto de pensar que la justicia social es un pilar de la universidad pública y esta, por la brecha tecnológica como decíamos, pasa por afrontar procesos presenciales.
Esta necesidad presencial, ha tenido que ver, a mi juicio, con el miedo a la fuga de alumnado hacia las universidades privadas que ya tenían un amplio recorrido de trabajo online.
Este ha sido a mi juicio, el principal error de los rectorados.
En primer lugar, porque como ha sido una preocupación mercantilista, las actuaciones que se han tomado no han tenido que ver con una visión realista de inversión en recursos, formación, … es decir, si realmente estamos convencidos de que para garantizar la igualdad de oportunidades hay que apostar por una docencia presencial aún con el riesgo que esto supone ante la pandemia, es de recibo que el nivel de inversión, formación y recursos destinadas a ella estén a la misma altura.
Sin embargo, esta adaptación se ha abordado como si la docencia semipresencial fuera un asunto técnico y no pedagógico. Capitaneado por los servicios centrales de informática de las universidades se ha pensado en necesidades técnicas desconectadas de necesidades didácticas.
En segundo lugar, está la problemática que se deriva del anterior, cómo este aparataje técnico se ha concretado desde personas ajenas al mundo didáctico, la concepción de partida ha sido la de ¿qué elementos técnicos hacen falta para dar una clase? …. El problema es que la concepción de lo que una clase es para estos informáticos, es una clase expositiva nada más 1.
Así nos enfrentábamos a la docencia semi presencial (o bimodal), con la parte presencial como un supuesto valor irrenunciable (tanto como para arriesgarnos con el COVID19) y sin embargo, en la parte presencial de las asignaturas, esta ha sido una “presencialdiad de saldo” (y virtualidad de saldo también, como denunciaba el compañero @ftsaez en este tweet)
Hemos hecho de la presencialidad en educación un tótem durante esta emergencia sanitaria porque (1) no hemos querido (¿sabido?) organizar una enseñanza híbrida u online de calidad y (2) no sabemos cómo conjugar la conciliación familiar-laboral si nos falta la escuela.
— Fernando Trujillo (@ftsaez) January 12, 2021
Para qué hacer una clase presencial si no hay medios para hacer dinámicas, trabajos en grupo, … si la única opción metodológica es una clase expositiva (mirando a media clase y la otra media en casa) ¿por qué ha de ser presencial? Con estas opciones tan limitadas, se resuelve muy parecido y con riesgo cero, dando una clase virtual. La ventaja educativa de una clase presencial es que te permite utilizar metodologías más allá de las meramente expositivas.
A mi juicio se ha perdido una importante oportunidad en las universidades públicas por miedo a fracasar frente a la experiencia en docencia online de las privadas.
La idea hubiera sido “vender” que desde la universidad pública puede hacerse “otra docencia online” diferente a la más que establecida en las privadas del consabido temario y videos expositivos. Una nueva docencia online basada en otras dinámicas, trabajo colaborativo, otras metodologías, … trabajo que tuviera alternativas al mero temario de apuntes en formato visual. Hubiera sido una interesante vía a explotar que se ha dejado escapar.
Y así siguen nuestros rectorados, ofuscados en ofrecer una presencialidad con riesgo COVID19 por el mero hecho de ofertarla. Sin una preocupación real de cómo es o qué calidad real se ofrece. Porque la idea es vender que algo de la docencia es presencial, no importa la calidad de esta y no importa si el riesgo lo compensan los beneficios.
Se está luchando y se seguirá luchando cada centímetro de esa presencialidad con las medidas sanitarias que plantean las comunidades autónomas. Negociando cada pequeño espacio para ver si puede plantearse presencialidad: prácticas experimentales, rotatorias, el prácticum o actividades similares …
Mientras tanto (otra prueba más de que la justicia social no importa nada), se marea al alumnado al que se le obliga a alquilar un piso, para luego pasar a docencia absolutamente virtual. Y a mantenerlo, porque no se sabe cuándo se volverá a docencia presencial o semi presencial, constantemente conectados a la espera de las decisiones sanitarias 2.
A mi juicio, habría que haber sido más razonables. Haber planteado desde el principio, todo el curso 2020/2021 como virtual y haber apostado por una inversión alta para realizar esta docencia y garantizar el acceso del alumnado. Se podría haber aprovechado también para realizar una formación de calidad que permitiera repensar la docencia (virtual y presencial) que se da en las universidades en muchas asignaturas.
Pero claro, esto pasa por tener una preocupación por la calidad de la docencia por parte de los gestores universitarios, cosa que no ocurre ni en los tiempos del COVID, ni en los tiempos normales. La calidad de la docencia no importa en la universidad, sólo hay que echar un ojo a baremos, inversiones y discursos.
Notas
1 Para evitar malos entendidos debo decir que no tengo nada en contra de las clases expositivas. Yo las uso, como cualquier otra metodología. El problema lo tengo con aquellas asignaturas en las que todas las clases tienen una única metodología, la expositiva.
2 Se ha hablado mucho de que no ha habido muchos contagios en la universidad. Pero se habla menos de los contagios «a causa de la unviersidad» y es que esta promueve una gran cantidad de desplazamientos de alumnado que hace vida en las ciudades a las que se desplaza. Esto implica que el riesgo de esta docencia presencial, debe ofrecer muchos beneficios para compensar.
