Algunas reflexiones a partir de un comunicado de Márgenes: Educación pública, vivienda, fascismo y un capitalismo que incumple sus promesas.

El equipo editorial de Márgenes ha publicado un comunicado sobre la educación pública, el derecho a la vivienda y la responsabilidad social de la investigación. Como miembro del equipo editorial, comparto plenamente su planteamiento y me gustaría aprovechar su publicación para desarrollar algunas reflexiones personales que me ha suscitado el proceso de elaboración del comunicado y que, por su extensión y naturaleza, van más allá de lo que tiene sentido recoger en un posicionamiento colectivo.

Como señalamos en el comunicado de Márgenes

Desde la fundación de Márgenes hemos defendido una posición que, aunque debería resultar poco controvertida desde el punto de vista epistemológico, sigue siendo relativamente infrecuente en las revistas científicas: la ciencia no es una actividad ideológicamente neutra.

No lo es porque toda investigación parte de determinadas posiciones ontológicas y epistemológicas desde las que comprendemos la realidad que estudiamos. Y no lo es porque incluso una decisión tan aparentemente sencilla como formular un problema de investigación implica elegir qué merece ser investigado, qué preguntas consideramos relevantes, qué conocimientos legitimamos y qué aspectos de la realidad dejamos fuera de nuestro estudio.

Sin embargo, el halo de cientificismo que impregna buena parte de nuestra sociedad alcanza también a instituciones de las que cabría esperar una reflexión especialmente rigurosa y profunda sobre la naturaleza del conocimiento científico, como las universidades y las propias revistas académicas. En nombre de una pretendida neutralidad, se confunde con demasiada frecuencia el rigor científico con la ausencia de posicionamiento ideológico, como si reconocer los presupuestos desde los que investigamos comprometiera necesariamente la validez de nuestros resultados.

Personalmente, sostengo precisamente lo contrario. El rigor científico no exige ocultar nuestros presupuestos, sino hacerlos explícitos para que puedan ser examinados, discutidos y cuestionados. La objetividad no se consigue fingiendo que observamos el mundo desde ninguna parte, sino sometiendo nuestras interpretaciones, procedimientos y conclusiones al escrutinio público y a la crítica fundamentada.

Por eso nos resulta especialmente difícil comprender el silencio de una parte importante del mundo académico y científico ante algunas de las cuestiones políticas y sociales más relevantes de nuestro tiempo.

Conviene recordar que la concepción de la ciencia como una actividad meramente técnica, encargada de producir conocimientos y hallazgos sin preguntarse por sus implicaciones sociales y políticas, no está exenta de consecuencias históricas. La historia reciente ofrece ejemplos terribles de lo que puede suceder cuando el conocimiento científico se pone al servicio de determinadas estructuras de poder y quienes lo producen renuncian a interrogarse por las finalidades que los dirigen.

No estamos defendiendo que las revistas científicas deban convertirse en organizaciones políticas ni que sus posicionamientos editoriales sustituyan al debate académico. Defendemos algo mucho más elemental: que quienes formamos parte de la comunidad científica tenemos también una responsabilidad con la sociedad en la que vivimos y que esa responsabilidad no desaparece cuando entramos en nuestras universidades, escribimos un artículo o participamos en un consejo editorial.

Por eso me parece especialmente interesante lo que hemos hecho desde Márgenes: dar un paso al frente y pronunciarnos sobre algunas de las cuestiones que definen nuestro presente. Cuestiones aparentemente diferentes, pero que, a mi juicio, guardan una estrecha relación y responden a contradicciones sociales que no podemos seguir examinando de manera aislada.

Y es a partir de ese posicionamiento desde el que quiero desarrollar algunas reflexiones que van más allá de lo recogido en el comunicado

Por una educación pública y por quienes la defienden

En primer lugar, quiero expresar mi apoyo a las movilizaciones en defensa de la educación pública que se están desarrollando en nuestro país, así como mi reconocimiento a las y los profesionales, estudiantes, familias y colectivos que las sostienen.

Defender la educación pública no consiste únicamente en reclamar más recursos, aunque estos resulten imprescindibles. Supone también defender una determinada concepción de la educación como derecho colectivo, como espacio de construcción democrática y como institución fundamental para combatir las desigualdades sociales.

Por eso, mi solidaridad se extiende también a las movilizaciones y reivindicaciones educativas que tienen lugar en otros países, como Francia, Brasil o Italia, donde, con sus particularidades y contextos, se plantean debates que reconocemos como cercanos: las condiciones de trabajo del profesorado, la financiación de los sistemas públicos, las desigualdades educativas o el avance de diferentes formas de mercantilización de la enseñanza.

La educación no puede quedar reducida a una mercancía, a un servicio sometido exclusivamente a criterios de rentabilidad o a un instrumento para satisfacer las demandas inmediatas del mercado de trabajo. Es un derecho y una responsabilidad colectiva cuya defensa trasciende las fronteras nacionales.

Y en este sentido, tampoco podemos dejar de señalar una contradicción que nos parece especialmente preocupante: mientras asistimos al deterioro de los servicios públicos y se nos insiste en la necesidad de contener el gasto, equilibrar los presupuestos o aceptar que no hay recursos suficientes para sostener el Estado del bienestar, las mismas limitaciones parecen desaparecer cuando se trata de incrementar el gasto militar y financiar nuevas políticas de rearme.

No estamos ante una cuestión exclusivamente económica, sino ante decisiones profundamente políticas sobre qué consideramos prioritario, dónde decidimos invertir los recursos colectivos y qué modelo de sociedad queremos construir.

La vivienda es para vivir, no para hacer negocio

Quiero expresar igualmente mi apoyo a las movilizaciones por el derecho a la vivienda, que considero uno de los problemas más graves de nuestro tiempo.

Nos parece difícil de justificar que hayamos llegado a normalizar una situación en la que disponer de un lugar en el que vivir se ha convertido en un problema para una parte cada vez mayor de la población. Y todavía más difícil de justificar que, mientras esto sucede, sigamos tratando la vivienda fundamentalmente como un bien de mercado, sometido a las mismas lógicas de acumulación y rentabilidad que cualquier otro producto.

¿En qué momento hemos aceptado que una necesidad tan elemental como tener un techo bajo el que vivir pueda convertirse en una oportunidad de negocio a costa de quienes necesitan una vivienda? ¿Cómo hemos llegado a considerar razonable que haya personas que acumulen viviendas para enriquecerse mientras otras destinan buena parte de sus ingresos a pagar un alquiler o sencillamente no pueden independizarse?

Y, desde una revista de educación, no podemos dejar de señalar otra contradicción: ¿de qué sirve hablar permanentemente de igualdad de oportunidades educativas si después ignoramos las condiciones materiales en las que vive el alumnado? ¿Qué igualdad de oportunidades podemos garantizar cuando hay familias que no saben si podrán seguir pagando su vivienda, que tienen que desplazarse continuamente o que apenas disponen de recursos para cubrir sus necesidades básicas?

La educación no ocurre al margen de la sociedad. Las condiciones de vida de las personas no son un asunto secundario que podamos dejar fuera de nuestras preocupaciones educativas.

Por eso quiero mostrar mi apoyo a quienes se están movilizando para defender algo que debería resultar elemental: la vivienda es, antes que nada, un lugar para vivir, no un bien con el que hacer negocio.

El derecho a la protesta y la responsabilidad de las instituciones

Quiero también manifestar mi preocupación por las imágenes de actuaciones policiales violentas durante algunas de las movilizaciones sociales.

Somos conscientes de que el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en situaciones de protesta puede resultar especialmente complejo y tenso. Precisamente por eso, su actuación debe estar sometida a las máximas exigencias de proporcionalidad, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales.

El derecho a la protesta constituye una dimensión esencial de cualquier sociedad democrática. Su ejercicio no puede convertirse en motivo para justificar actuaciones desproporcionadas ni intervenciones que vulneren la integridad y los derechos de quienes se manifiestan.

Me preocupa, además, el contraste de ciertas intervenciones en función de las reivindicaciones o de la orientación ideológica de quienes participan en las movilizaciones. Una cuestión que exige transparencia, rendición de cuentas y un escrutinio público riguroso.

La defensa de las instituciones democráticas no consiste en justificar acríticamente todas sus actuaciones, sino también en exigir que se ajusten a los principios y derechos que deben proteger.

Nombrar lo que está ocurriendo

Otra de las cuestiones ante las que considero necesario pronunciarme es el auge contemporáneo de movimientos, discursos y proyectos políticos de carácter autoritario y de extrema derecha.

Soy consciente de que existe un debate académico relevante sobre cómo caracterizar estos fenómenos. Conceptos como fascismo, neofascismo, extrema derecha, derecha radical o trumpismo no son necesariamente equivalentes y su utilización requiere rigor histórico, conceptual y analítico.

Pero reconocer la complejidad de este debate no debería convertirse en una excusa para evitarlo.

Existen elementos que permiten establecer conexiones históricas y políticas entre determinadas expresiones contemporáneas de la extrema derecha y las tradiciones fascistas: la construcción de enemigos internos, la deshumanización de determinados colectivos, el nacionalismo excluyente, el cuestionamiento de derechos fundamentales o la legitimación de respuestas autoritarias ante los conflictos sociales.

No sosetngo que todos estos movimientos sean idénticos ni que estemos asistiendo a una repetición exacta de los acontecimientos del siglo pasado. Precisamente porque la historia no se repite mecánicamente, necesitamos herramientas conceptuales que nos permitan reconocer tanto las continuidades como las transformaciones. Lo que sí considero imprescindible es no utilizar la complejidad del análisis como refugio para la indiferencia.

Con frecuencia nos preguntamos cómo fue posible que, durante el ascenso de los fascismos históricos, amplios sectores de las sociedades europeas no reconocieran a tiempo la gravedad de lo que estaba sucediendo o prefirieran mirar hacia otro lado. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a fenómenos contemporáneos que presentan semejanzas preocupantes, vuelve a aparecer el argumento de que lo prudente es no significarse.

Creo que el rigor académico no exige guardar silencio ante los discursos que amenazan los derechos humanos, la convivencia democrática o la igualdad entre las personas. Al contrario, considero que la comunidad científica tiene una responsabilidad particular en su análisis, discusión pública y cuestionamiento.

No se trata de sustituir el conocimiento por consignas, sino de evitar que la apelación al conocimiento se convierta en una coartada para la inacción.

El capitalismo se agota

Finalmente, quiero señalar una cuestión que, a mi juicio, conecta buena parte de los problemas anteriores y que considero necesario nombrar expresamente: el capitalismo se agota.

No me refiero simplemente a una crisis económica más, a uno de esos ciclos de expansión y contracción que periódicamente atraviesan nuestras economías. Me refiero al agotamiento de un modelo de organización social que encuentra cada vez más dificultades para sostener las promesas sobre las que construyó buena parte de su legitimidad.

Durante décadas, el capitalismo occidental se sostuvo sobre una promesa relativamente sencilla: que cada generación viviría mejor que la anterior. Que trabajar y esforzarse permitiría acceder a un salario digno, a una vivienda, a cierta estabilidad y a la posibilidad de construir un proyecto de vida.

Y no hablo de grandes lujos. Hablo de poder disfrutar de vacaciones, viajar de vez en cuando, tomar un café con los amigos, leer, enamorarse, tener hijos, practicar deporte, ir al cine o, sencillamente, disponer de tiempo y condiciones materiales para disfrutar de la vida.

Por supuesto, aquella promesa nunca se cumplió de la misma manera para todo el mundo. Se construyó sobre profundas desigualdades sociales y territoriales, y sobre relaciones de explotación que no podemos ignorar. Pero, incluso con todas esas contradicciones, funcionó durante décadas como uno de los principales argumentos con los que se justificaba el modelo económico y social dominante.

Lo que estamos viendo ahora es que esa promesa resulta cada vez más difícil de sostener.

Y creo que buena parte de las movilizaciones que recorren nuestras ciudades tienen que ver precisamente con eso. No se trata únicamente de reclamar mejores salarios, más financiación para la educación pública o viviendas asequibles. Se trata también de una creciente conciencia de que, para una parte importante de la población, vivir mejor que la generación anterior ha dejado de ser una expectativa razonable.

Mientras la riqueza se concentra, el trabajo pierde capacidad para garantizar unas condiciones de vida dignas, los servicios públicos se deterioran y necesidades básicas como la vivienda se convierten en oportunidades de acumulación de capital, se nos sigue insistiendo en que no existen alternativas y en que debemos aceptar nuevos sacrificios para garantizar el funcionamiento del sistema.

Pero quizá lo que deberíamos empezar a preguntarnos es si el problema no reside precisamente en ese sistema.

Creo que esta es una discusión que no podemos seguir evitando. Porque las dificultades para acceder a una vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la precarización de las condiciones de vida y el auge de respuestas políticas autoritarias no son necesariamente fenómenos independientes. A mi juicio, forman parte de las contradicciones de un modelo económico y social cuya capacidad para garantizar unas condiciones de vida dignas está cada vez más cuestionada.

Y creo que la comunidad científica tiene también la responsabilidad de contribuir a pensar críticamente esas contradicciones y a abrir debates sobre otras formas posibles de organizar nuestra vida en común.

No permanecer al margen

No pretendo que todas las personas que investigan, publican o colaboran con Márgenes compartan este diagnóstico. Una revista científica debe ser, precisamente, un espacio abierto al debate, a la pluralidad de perspectivas y a la crítica fundamentada.

Pero esa pluralidad no nos obliga a renunciar a nuestros propios posicionamientos ni a fingir una neutralidad que nunca he considerado epistemológicamente sostenible.

Creemos que investigar en educación implica también preguntarnos por la sociedad en la que educamos, por las condiciones en las que viven las personas y por las finalidades que orientan nuestras instituciones. Y creemos que la comunidad científica, especialmente aquella que se ocupa de la educación, no puede desentenderse de las grandes cuestiones que atraviesan su tiempo.

Porque, si hay algo que debería preocuparnos especialmente a quienes nos dedicamos a la educación, es que estemos construyendo una sociedad en la que cada vez resulta más difícil imaginar un futuro mejor que el presente. Una sociedad que pide constantemente a las nuevas generaciones que se esfuercen, que estudien, que se formen y que se preparen para el futuro, mientras les ofrece cada vez menos garantías de que todo ese esfuerzo vaya a traducirse en unas condiciones de vida dignas.

Y quizá deberíamos empezar a preguntarnos qué sentido tiene hablar permanentemente de mejorar la educación si no estamos dispuestos a discutir también el modelo de sociedad para el que educamos. Porque educar no consiste únicamente en preparar a las personas para adaptarse al mundo que les ha tocado vivir, sino también en ofrecerles las herramientas para comprenderlo, cuestionarlo y transformarlo.

Por eso considero que no podemos permanecer al margen de estas discusiones. No quiero una ciencia que se limite a estudiar las injusticias del mundo mientras guarda silencio ante ellas. Quiero contribuir, desde mi ámbito de responsabilidad, a comprender críticamente la realidad y a abrir posibilidades para transformarla.

Como señalamos en el comunicado de Márgenes: 

Porque la ciencia no se produce al margen de la sociedad y quienes hacemos ciencia tampoco vivimos al margen de ella.