Me decía hace algunos años un compañero en tono desesperado
me paso el 50% del tiempo justificando lo que voy a hacer y el otro 50% justificando lo que he hecho.
Esta frase recoge con claridad el sentimiento de muchos-as de los-as docentes de nuestro país, y es que en pocas profesiones existe una idea tan arraigada de “rendir cuentas” como en esta nuestra del magisterio.
Programaciones, objetivos, competencias, actividades, evaluaciones,… son palabras comunes a las que el profesorado tiene que dar respuesta a diario en forma de documento burocrático de obligado cumplimiento, para rendir cuentas ante la administración de lo que hace o ha hecho.
Desconozco los pormenores de otras profesiones en este aspecto. Pero la verdad es que no me imagino a un médico rellenando papeles sobre cómo tiene pensado atender a sus pacientes o justificando ante la administración todos y cada uno de los tratamientos que ha dado. Igual de difícil se me antoja pensar en un-a arquitecto-a que si, lógicamente tendrá que justificar algunos aspectos de su trabajo, tenga que justificarle a la administración porqué ha decidido poner una cúpula en vez de un techo plano.
Esto me lleva a pensar que la administración no se fía de su profesorado, o al menos quiere tener controlado absolutamente todo lo que éste decide hacer.
Este asunto representa un gran problema para el ámbito educativo y es que si queremos cambiar la educación, el cambio en ésta no puede hacerse vía decreto ley. El asunto de que las reformas educativas no cambian las prácticas del profesorado ya está más que estudiado en la literatura pedagógica (Cuban 1990; Gimeno 1992; Fullan 1993; Sola 1999, 2000).
Si queremos mejorar la educación, el cambio pasa por mejorar la calidad del profesorado y cómo mejorar el profesorado si desde la administración no se le deja ninguna o escasa autonomía en la toma de decisiones. Tal y como lo explica, con claridad meridiana, mi amigo @kikomas (podéis ver el texto completo en este enlace):
La clave de la calidad, por encima de todos los recursos del mundo, está en la calidad del docente. El mejor docente en el peor de los contextos hace maravillas y al contrario no hay forma de que eso funcione. Solo hay un camino, la autonomía del docente. Que el profesor se sienta con posibilidades de entender lo que ocurre y encontrar respuestas significativas, idiosincráticas, a los problemas. Lo malo es que todas las leyes de educación de este país se basan en que los docentes somos gente de poco fiar. Se hacen leyes educativas a prueba de profesores, las editoriales hacen libros a prueba de profesores, y todo gira en torno a aquello que erradica la creatividad, las decisiones concretas. La autonomía de los centros no existe. Se traduce en burocracia, burocracia y burocracia. Todo lo que impide la calidad es lo que contienen las sucesivas leyes españolas que formulan partidos de distintas perspectivas ideológicas.
Y es que parece claro que, esta cantidad ingente de tareas administrativas que sufre nuestro profesorado cumple una labor muy concreta: la alienación del pensamiento docente, es decir, distraer, ocupar, el tiempo y las energías de nuestros-as maestros-as en estas tareas para que no se centre en su verdadera labor, la importante, diseñar actividades educativas por y para su alumnado.
Este efecto es interpretado por Contreras (1990) y Martínez Bonafé (1999) como un acto intencionado de restar autonomía al profesorado en su toma de decisiones. Y es que no parece que tenga mucho sentido que se haga tanto hincapié en la formación de docentes –tanto inicial como permanente- para que luego los organismos estatales y autonómicos estén profundamente pendientes de todas y cada una de las decisiones que estos-as tomen en su práctica diaria. Cosa que, insistimos, sólo ocurre en esta nuestra profesión y no en otras áreas.
No parece lógico pensar –llamadme loco si queréis-, que después de que nuestro gobierno invierta un dineral en dicha formación no sean los-as maestros-as quienes puedan decidir, acorde a sus propios criterios, qué, cómo y cuándo hacer actividades con su alumnado sin necesidad de dedicar toda una ristra de documentos a justificarlo antes y después de hacerlo.
Quiero que imaginéis la siguiente escena: un grupo de maestros-as de un centro, un grupo de profesionales comprometidos con su trabajo, deciden –sin obtener nada a cambio- que quieren cambiar la manera en que trabajan, quieren hacer un proyecto de innovación para mejorar la calidad de su docencia. Esto va a representar para ellos-as un cantidad inmensa de trabajo: ponerse de acuerdo, tomar decisiones, discutirlas, llevarlas a la práctica, sesiones interminables de pensar cómo traduzco en actividades con mis alumnos-as el nuevo sentido que quiero darle a mi trabajo, y un largo etc. Pues bien, ahora como esto parece representar poco trabajo para la administración, relléname infinidad de papeles para justificarme todo eso y cuando hayas terminado, relléname, de nuevo otra cantidad ingente de papeles, sobre lo que has hecho… Estaréis de acuerdo conmigo en que esto no facilita mucho los procesos de innovación educativa.
Y he aquí otro de los principales problemas derivados de la burocratización de la enseñanza: se carga toda probabilidad de trasformación y mejora de la educación.
Si decíamos antes que las reformas y las leyes nunca podrán cambiar el pensamiento docente y, por ende, su práctica. El único camino hacia el cambio educativo pasa por la innovación y por la existencia de espacios donde el profesorado pueda compartir inquietudes, experiencias, etc., y para que esto se de es imprescindible la autonomía docente: la posibilidad real de que nuestro profesorado piense qué merece la pena cambiar en la escuela y cómo hacerlo.
Esto que puede parecer una locura, no es nada nuevo, es lo que ya se hacía en los MRPs (Movimientos de renovación pedagógica) y que nuestra querida administración tuvo a bien cargarse convirtiéndolos en CEPs –es decir, institucionalizándolos y burocratizándolos-.
Yo si me fío de nuestros-as maestros-as, creo que son gente preparada, creo que tienen capacidad y conocimientos para decidir qué hacer y cómo hacerlo y creo, sin duda, que ese es su trabajo. No la aplicación, sin reflexión ninguna, de técnicas, actividades y programaciones, que han diseñado otros-as.
Por último, para los-as que estéis pensando, “hombre, es que eso es peligroso porque si cualquiera puede hacer lo que le de la gana en su aula… algún control debe haber”. Mi respuesta es doble: por un lado, lamento deciros que este control administrativo es absolutamente ilusorio, el profesorado sigue haciendo “lo que le da la gana en sus aulas”, es por eso que las reformas nunca funcionan. La diferencia es que tiene que malgastar su tiempo justificando lo que hace –o no hace- en forma de papeles burocráticos, sin que exista un proceso de reflexión sobre qué quiere hacer (es lo que comentaba anteriormente con respecto a la autonomía docente). Ejemplos de esto tenemos a diario y en nuestra propia experiencia, yo pasé de EGB a LOGSE de un curso a otro, la diferencia, como alumno en las clases… ninguna. Eso sí, la diferencia en los papeles, era abismal. Mucho más cambio se nota ahora con las dichosas competencias… en los papeles, por supuesto, las actividades de clase y el trabajo del alumnado sigue siendo, exactamente igual, en la inmensa mayoría de los casos.
Otro ejemplo podrían ser los proyectos de innovación que muchos-as solicitamos en las facultades, la justificación que se nos pide es una memoria, que fácilmente nos podríamos inventar, porque no existe ningún control –más allá de las bonitas palabras que se ponen en dicha memoria- de lo que hacemos en nuestra práctica. La atención hacia los cambios, es absolutamente ilusoria y centrada en aspectos cosméticos.
Lo que trato de reclamar, entendedme bien, no es que el control sea más efectivo, sino que la administración deje de perder el tiempo –y el de su profesorado- en un control que es ilusorio y que además, no beneficia a la educación ni a la labor de su profesorado.
Y, por el otro lado, otro aspecto no menos importante, por supuesto que el profesorado debe justificar lo que hace en determinados momentos, igual que cuando un-a médico-a comete una negligencia, pero no antes, presuponiendo que si no se lo vigila, va a cometerla.
En cualquier caso, más peligrosos son nuestros-as políticos-as, muchos menos controles superan y pese al panorama actual que tenemos, menos se desconfía administrativamente hablando de ellos-as, sólo hace falta ver cualquier telediario.
